En una cena familiar, su madre me miró de arriba abajo y sentenció: “Mi hijo necesita una esposa con apellido, no la hija de una trabajadora”. Él permaneció callado, así que tomé el cheque de 3 millones y me fui embarazada. Una década después, volví como la abogada que investigaba su firma, llevando una prueba que ninguno esperaba ver.

PARTE 1

—Solicito que Alejandro Santillán sea apartado de este caso por conflicto de interés, uso indebido de información confidencial y posibles actos de espionaje corporativo.

La frase cayó en la sala como un vaso de cristal contra el mármol.

Alejandro, socio más joven de Santillán, Robles y Asociados, se levantó tan rápido que golpeó la mesa con la rodilla. Su madre, Rebeca Santillán, sentada en la primera fila con un traje blanco impecable, dejó de sonreír. Diez años atrás, esa mujer me había mirado como si yo fuera una mancha en su alfombra. Aquella mañana, en el Juzgado de Distrito de la Ciudad de México, fue ella quien palideció al verme.

Me llamo Daniela Vargas, tengo treinta y tres años y soy directora jurídica de Salgado & Pierce para América Latina. Mi cliente, Voltio Norte, era una empresa de Monterrey que buscaba adquirir tecnología alemana para fabricar baterías de vehículos eléctricos. La contraparte, Kronenwerk Mobility, llevaba seis meses retrasando el acuerdo mientras imponía cláusulas abusivas: pagos escalonados, regalías indefinidas y la propiedad de cualquier mejora futura desarrollada por ingenieros mexicanos.